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Tras la confirmación de su pedido de detención preventiva. El fiscal federal del Chaco Patricio Sabadini confirmó que pedirá a la Justicia que reclame al Congreso el desafuero de la aliada de Cambiemos, investigada por asociación ilícita, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero durante su gestión como intendente de Resistencia.

El fiscal federal del Chaco Patricio Sabadini avanzó otro casillero para que la diputada radical Aída Ayala quede detenida en el marco de la causa en la que se la investiga por asociación ilícita, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero durante su gestión como intendente de Resistencia. Sabadini confirmó que hoy pedirá a la Justicia que reclame al Congreso de la Nación el pedido de desafuero de la aliada de Cambiemos tras la confirmación de su pedido de detención preventiva por parte de la Cámara Federal de Apelaciones. La confirmación en segunda instancia deja en jaque los argumentos de la alianza gobernante para preservar los fueros de la diputada, que el viernes se anticipó al tratamiento en la comisión de Asuntos Constitucionales y comunicó que no se opondrá a su detención.

“Vamos a solicitar en el día de la fecha que se continúe con el trámite de desafuero. Si no tuviera fueros, Ayala estaría detenida”, señaló el fiscal federal chaqueño sobre la situación de la diputada de Cambiemos y aclaró que la Cámara aún no había notificado la resolución conocida el viernes pasado sobre la ratificación de los procesamientos y pedidos de detención realizados por la jueza de primera instancia Zunilda Niremperger. Sobre los motivos del pedido de la prisión preventiva, el fiscal precisó:  “No vemos que exista un peligro de fuga por parte de la diputada. Lo que nosotros apreciamos es que estando libre ella puede obstruir la obtención de pruebas”, dijo el fiscal federal del Chaco.

La causa por la que Ayala hasta cerca de quedar detenida es conocida como “Lavado II” y en ella se la imputa a la ex intendenta de Resistencia por los delitos de asociación ilícita, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, entre otros. Se la acusa de “haber conformado una organización destinada a la obtención de beneficios económicos, a través de la implementación de mecanismos articulados para resultar adjudicatarios de determinadas prestaciones por parte de la Municipalidad de Resistencia, valiéndose para ello de la conformación de sociedades creadas a medida tanto para resultar beneficiados en las licitaciones por un lado, y al mismo tiempo para ocultar la identidad de los verdaderos dueños y por último la conformación  de sociedades a través de las cuales ingresa el producido de este tipo de maniobras”.

La fiscalía había solictiado la detención de Ayala al inicio de la imputación y luego la jueza Niremperger ordenó la misma previo desafuero; esto fue revocado por la Cámara de Apelaciones, que otorgó a la acusada la eximisión de prisión. Pero la semana pasada la Cámara Federal de Casación Penal revirtió la decisión y confirmó el procesamiento con prisión preventiva de la diputada nacional de Cambiemos, quien anunció que pedirá ella misma a la Cámara baja su desafuero.

Las maniobras se habrían realizado con la complicidad de Jacinto Sampayo, secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de Resistencia y a través de la contratación de camiones a una empresa para la recolección de residuos. Esa empresa, PIMP S.A., tiene como uno de sus socios a Daniel Fischer, ex yerno de la diputada, también detenido en el marco de la causa.

“Si llega un nuevo pedido de desafuero lo vamos a tratar en la Comisión de Asuntos Constitucionales, tal como hicimos con los pedidos anteriores”, confirmó la semana pasada el macrista Pablo Tonelli, titular de la comisión de Asuntos Constitucionales. El tratamiento avanzaría en las próximas semanas.

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