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El fiscal interpuso una cautelar por el pago retroactivo a las distribuidoras de gas. Es por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, a raíz del decreto en el que carga sobre las tarifas de gas unos 10 mil millones de pesos para compensar la devaluación del peso en el pago a las empresas distribuidoras. La denuncia del fiscal Marijuan advierte que se provoca un perjuicio en el patrimonio de los consumidores y solicita una cautelar para frenar la medida.

El fiscal federal Guillermo Marijuan denunció penalmente por abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público al secretario de Energía, Javiera Iguacel, a raíz del decreto 20/2018 en el que carga sobre las tarifas de gas unos 10 mil millones de pesos para compensar la devaluación del peso en el pago a las empresas distribuidoras.

La denuncia del fiscal Marijuan advierte que se provoca un perjuicio en el patrimonio de los consumidores y solicita una cautelar para frenar la medida, que deberá ser analizada por la jueza María Servini de Cubría.

La compensación acordada por las empresas productoras con las distribuidoras, con el aval de Iguacel, debería comenzar a pagarse en 24 cuotas desde enero próximo, algo que la cautelar solicitada por Marijuan podría dejar en suspenso en las próximas horas, en caso de que Servini de Cubría haga lugar a la denuncia.

“Los contribuyentes ya han hecho pagos y uno de los efectos que tiene es la cancelación total. No se puede de modo alguno quitarle ese entidad jurídica que tiene el acto de pago”, sostuvo el fiscal en diálogo con Radio 10 y resaltó que la resolución de Iguacel “trata de compensar a las empresas”, algo que el funcionario había negado durante el fin de semana luego de las críticas que le llovieron por la decisión oficial conocida el viernes pasado.

Marijuan señaló que la denuncia enmarcada en el artículo 248 del Código Penal podrá ser materia de discusión si la jueza Servini de Cubría abre el expediente, pero defendió la imputación al insistir con que el abuso de autoridad y la violación de deberes de funcionario público son figuras para perseguir “resoluciones contrarias a la ley y el pago de las tarifas es un hecho jurídico establecido por el Código Civil”.

La Resolución 20/18 firmada por Iguacel descarga en los consumidores el pago de la diferencia producida por la suba del dólar en el contrato firmado por las productoras y las distribuidoras. Esa diferencia, según acordaron las empresas y habilitó el Gobierno, será actualizada al 31 de diciembre de 2018 a la tasa activa del Banco Nación y trasladadas a los clientes proporcionalmente, tomando en cuenta los volúmenes que consumieron entre abril y septiembre, y a pagarse en 24 cuotas mensuales a partir de enero próximo.

La suba del dólar en el periodo contemplado por la resolución de la secretaría de Energía fue de alrededor del 100 por ciento, mientras que el costo de la producción impacta en un 50 por ciento en el total de la tarifa, lo que dimensiona el impacto que tendrá para los consumidores.

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