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Tironeos sobre el futuro de la causa por las fotocopias del ex chofer Oscar Centeno. La Cámara de Casación Penal debe definir la suerte de la investigación en la que se acusa a CFK por asociación ilícita. La salas III y IV, afines al macrismo, buscan quedarse con el expediente, actualmente en danza entre las salas I y II.

Algo huele a un nuevo intento de fórum shopping en la Cámara de Casación Penal donde se debe definir la suerte de la causa de las fotocopias de los cuadernos Gloria. Planteos de excarcelación, nulidades, recusaciones y objeciones al uso de la figura del “arrepentido” como chantaje: todo eso desemboca en el más alto tribunal penal. Y ante la llegada de los primeros recursos un grupo de jueces se pasan la pelota, evitando hasta ahora resolver el asunto, mientras otro con afinidades con el Gobierno, busca conexidades para llevar el caso a sus despachos y quedarse con la última palabra. Casación tiene cuatro salas de tres jueces cada una. El caso llegó por sorteo a la Sala II, que el jueves último decidió enviarlo a sus colegas de la Sala I, con el argumento de que el sistema informático señalaba conexidad con otra causa radicada allí, la que es conocida como “gas licuado”, en la que el fiscal Carlos Stornelli decidió introducir el asunto de los cuadernos de Oscar Centeno. El problema es que una de las grandes discusiones es si el asunto de los cuadernos no debió enviarse a sorteo o a otro juzgado. La Sala I preparaba el viernes a la tarde un proyecto mayoritario en borrador para devolver el expediente a la Sala II, que tampoco lo quiere. Pero en las otras dos salas, afines al macrismo, ya buscan formas de llevarse el caso.

La causa de las fotocopias de los cuadernos tiene seis ex funcionarios y un grupo de empresarios aún detenidos, que no entraron en la cadena de “arrepentidos”. Los que confesaron algo, aunque sea que ponían dinero para campañas políticas, quedaron libres. Los planteos de excarcelación de los que permanecen en prisión fueron hasta ahora rechazados por la Cámara Federal y empiezan a llegar a la Cámara de Casación. La primera tiene pendientes aún algunos recursos, entre ellos los que señalan que hubo una maniobra de fórum shopping con la causa que –plantean algunas defensas– debió haber sido enviada a sorteo o a otros juzgados donde ya se investiga, por ejemplo, la misma organización o los mismos hechos. Hasta ahora, en la pirámide judicial, los camaristas que están inmediatamente encima del juzgado –Leopoldo Bruglia y Martín Irurzun– respaldaron lo actuado. Arriba de todo en el Poder Judicial, también lo hizo el supremo Lorenzetti, aunque no fue a través de una resolución: recibió al juez Bonadio en su despacho y después difundió que considera que está trabajando muy bien. Luego publicó su informe especial de la causa donde atribuye delitos concretos a los imputados, con Cristina Fernández de Kirchner a la cabeza, aún sin haber resuelto su situación procesal. Pero todavía no opinó la Casación, que es clave por ser la máxima autoridad en materia penal federal.

Lo primero que llegó a Casación es un recurso de Nelson Lazarte, ex secretario de Roberto Baratta, número dos de Planificación Federal. En la llamada “minuta” que elevan los jueces inferiores no se mencionaban causas conexas, por lo tanto se hizo un sorteo y le tocó a la sala II, que integran Alejandro Slokar, Angela Ledesma y Guillermo Yacobucci. Los dos primeros son conocidos por su cuidado del respeto a las garantías, lo que hace suponer que tendrán una vara alta para avalar la privación de la libertad de una persona. Esta sala advirtió que en el sistema informático, el caso de Lazarte figuraba asociado al expediente sobre irregularidades en la compra de “gas licuado”. Se debe a que el fiscal Stornelli decidió incorporar allí la presentación del periodista de La Nación Diego Cabot de las fotocopias de los cuadernos, a pesar de que el reparto de bolsos ya había sido denunciado en esa misma investigación por la ex pareja de Centeno, Hilda Horovitz, pero se mandó a sorteo y le tocó a Sergio Torres. El hecho es que la presidenta de la sala II, Ledesma, firmó una resolución en la que dice que como la causa “gas licuado” la tiene la Sala I, era conveniente que resolviera el planteo de excarcelación, aunque dejó claro que eso no implicaba “pronunciamiento acerca de la validez, acierto, o error de las conexidades dispuestas”. O sea, dijo que no estaba confirmando al juez. La pregunta es ¿quién terminará resolviendo ese punto, que es crucial?

La sala I tiene una conformación reciente, con dos jueces designados por el gobierno actual, Diego Barroetaveña y Daniel Petrone. Comparte sala con ellos Ana María Figueroa. Los dos primeros armaron ayer un borrador que intenta devolver la causa a la Sala II. Podría llegar a resolver el planteo de Lazarte, pero no es claro. Lo cierto es que tampoco quieren la causa. La defensa de Oscar Parrilli también les presentó ayer un planteo para que devuelvan todo a la sala que había sido sorteada. Allí también había llegado un planteo grave de otro detenido, Rafael Llorens, ex funcionario de asuntos jurídicos de Planificación, donde denuncia el uso de la figura del arrepentido como factor de presión, al borde de la tortura. Tres fuentes distintas del tribunal le dijeron a este diario que, desde la presidencia de la Cámara a cargo de Eduardo Riggi, intentaron disuadir a Barroetaveña y Petrone de intervenir. En la sala II, todo indica que si les devuelven el expediente, reiterarán la devolución con un pedido para que el plenario resuelva qué hacer. Mientras estas discusiones transcurrían los dos últimos días, desde la presidencia de Riggi se pusieron a analizar otros expedientes que puedan tener conexidad con la causa de los cuadernos. No les importa que nadie lo haya establecido hasta ahora. Buscan en la Sala III, que él mismo integra, con Liliana Catucci y Carlos Mahiques, y ya levantaron la mano desde la sala IV (Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Juan Gemignani), donde está radicada la causa conocida como “vialidad” sobre las obras públicas concedidas a Lázaro Báez, donde está acusada Cristina Fernández de Kirchner (con fecha de juicio para el 26 de febrero) y el “caso Báez”, llamado “ruta del dinero”, también elevado en parte. En este último caso sí existe una insinuación de la Cámara Federal sobre posible relación con otros casos. Desde allí fogonean la teoría de que Báez era testaferro de CFK, algo nunca probado, y que la plata es toda la misma.

La Sala III y la Sala IV de Casación suelen dictar resoluciones del agrado del gobierno de Mauricio Macri, y en especial la segunda de ellas ha respaldado la creación de causas mellizas (como la del Memorándum) y tiene buena relación con Lorenzetti. Lo que pasa en la Casación refleja un mecanismo que crece en un sector de Comodoro Py, que intenta llevar las causas hacia determinados jueces que se plantan, con grandes demostraciones de fuerza frente a la política, como una especie de poder amenazante y alternativo. A la vez, nadie quiere correr la misma suerte que otros jueces que, por firmar resoluciones que no agradaban al gobierno, terminaron siendo expulsados o desplazados, como Eduardo Freiler, Jorge Ballestero y Eduardo Farah.

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