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La Cámara Federal revirtió un fallo del juez Claudio Bonadio y excarcelo a los dos ex funcionarios, pero el ex Ministro de Planificación seguirá detenido por la causa de Río Turbio. PAPELÓN JUDICIAL.

El ex ministro de Planificación del anterior gobierno, Julio De Vido, fue desprocesado en una de las dos causas por las que estaba preso. La Cámara Federal se valió, para ello, de un testimonio inesperado: el actual ministro de Energía, Juan José Aranguren, declaró en el expediente que la principal prueba de cargo contra De Vido no tenía ni pies, ni cabeza. Se trata de un peritaje ordenado por el juez de primera instancia Claudio Bonadio, sobre el que se basó el procesamiento de De Vido, de su segundo, Roberto Baratta, y de otra larga lista de ex procesados, hoy beneficiados con falta de mérito.

Miserable. El juez perseguidor de dirigentes políticos opositores recibió una noticia que no le cayo en gracia, fallaron en su contra y liberaron a Baratta.

Uno de los jueces que firmó en mayoría por revocar el procesamiento contra De Vido, el camarista Jorge Ballestero, despedazó el peritaje presentado como principal prueba de cargo, suscripto por el supuesto experto David Cohen. Fue él quien sostuvo la existencia de cuantiosos sobreprecios en la importación de gas licuado a través de buques metaneros.

Pero esa evaluación fue calificada como “increíble y exagerada” por el propio Aranguren, quien ni siquiera fue llamado a declarar por Bonadio en el expediente. Las declaraciones del ministro fueron públicas, formuladas a una radio en el contexto de una nota periodística. Su opinión, insospechada de interés de beneficiar a De Vido, fue ignorada en el expediente, acaso porque si se hubiera tomado en cuenta no se habrían podido dictar los procesamientos y las prisiones preventivas.

El ingeniero Cohen detectó sobreprecios de 7.500 millones de dólares en operaciones que trepaban a 15.000 millones. El informe, según sostuvieron los jueces (incluso los que lo defendieron rechazando su nulidad, aunque descartándolo como prueba válida) carece de rigor científico. O, en palabras del juez Ballestero, “contradicciones, olvidos, confusiones…. Esos son los déficits del peritaje elaborado por quien debía ser un experto en la materia. Evidentemente tales conceptos están muy alejados de la demostración de pericia en su actuar”.

Inocente. Roberto Baratta recupero la libertad luego de que Bonadio lo encarcele para cumplir los caprichos de Mauricio Macri. Otra operación que se le cae al establishment.

¿Qué omitió el perito Cohen? Entre otros rubros, considerar la ganancia de las empresas. “A esta altura, y lejos de ser un especialista en el tema, advierto un pequeño olvido en el cálculo del perito o bien debo reconocer un hallazgo que me parece sorprendente. Nunca creí que la filantropía fuese una cualidad a encontrar en empresas que operan en el área energética. En efecto, la fórmula de David Cohen toma en cuenta el valor de la materia prima y de los costos, pero en momento alguno recaló en que cada una de las agencias que intervienen en el proceso de compra y venta del gas busca su propia ganancia”, subrayó el juez Ballestero.

“Los conceptos que permitieron al perito construir el valor que Argentina debió pagar por el GNL, esto es, todo aquello que debe sumarse al valor del gas natural según el precio Henry Hub, surgen de los estándares elaborados por una Comisión que sólo existe en la imaginación de Cohen. Con razón los números alarmaron al ministro”, completó.

La causa toda, según se desprende del fallo de Cámara, podría servir como argumento para un capítulo de la Antología del Disparate. Desde el vamos. Porque el expediente se inició “con motivo de la denuncia oportunamente formulada por Juan Ricardo Mussa, en su carácter de Presidente de la ONG Paso por Paso Argentina, a través de la cual dio cuenta de las presuntas irregularidades en la contratación, por parte de la empresa Energía Argentina Sociedad Anónima (ENARSA), para la provisión de cinco millones de toneladas de gas natural licuado (GNL) al año, en el período comprendido entre los años 2008 y 2014”. Mussa es un pretendido dirigente peronista, habitual denunciador crónico en Comodoro Py de cientos de causas originadas en recortes periodísticos. Pero además, sus aptitudes psiquiátricas han sido cuestionadas a nivel judicial en reiteradas oportunidades.

En ese contexto, y tras una investigación que permaneció adormilada durante años, el juez Bonadío decretó los procesamientos con prisión preventiva de De Vido y Baratta, y sin preventiva para Daniel Cameron, Roberto Dromi San Martino, José Roberto Dromi, Exequiel Espinosa, Walter Fagyas, Jorge Samarín, Jorge O’Donnell, Alexis Zuliani, Rodolfo Luchetta, Stella Maris Babilani, Juan José Carbajales, José Granero, Gastón Ghioni, Nilda Minutti, Tamara Pérez Balda, Fernando Salim, Roberto Vázquez, Alejandra Tagle, Mónica Bisconti, Flavia García, Martín Busti y Haydee Fernández.

Todos formaron parte de la supuesta “corrupción kirchnerista”. Esa corrupción que fue capaz de encubrir (cuanto menos) o llevar a cabo (cuanto más) el asesinato de un fiscal que había denunciado a la ex presidenta.

Dos de los imputados, Martín Busti, quien se desempeñaba en “Compras y Contrataciones” de ENARSA, y Jorge O’Donnell, gerente de Gas y Refinación de ENARSA, perteneciente al Departamento de Hidrocarburos de esa empresa y al área de Comercialización GNL y Combustibles, son defendidos en el expediente por los abogados Rodolfo Vaccarezza y Manuel Romero Victorica, con el patrocinio letrado de Federico Casal. Se trata del mismo estudio que es querellante en la causa por la muerte de Nisman, que en este caso defiende –y con éxito, por cierto- a dos supuestos integrantes de una maniobra de corrupción por la que fue preso De Vido.

El fallo fue dividido. El juez subrogante de la Cámara Federal, colocado allí con la venia del Consejo de la Magistratura y por impulso del gobierno nacional, Leopoldo Bruglia, había votado por confirmar los procesamientos y las preventivas. Ballestero votó por lo contrario y desempató el hombre que con su doctrina facilitó que De Vido fuera preso en la otra causa, en la que investiga irregularidades en la minera Río Turbio. Sí, Martín Irurzun consideró que demolido el peritaje de Cohen, “y si bien el informe de la A.G.N. revelaría falencias de índole administrativa que podrían a su vez conducir a sospechar el despliegue de una maniobra defraudatoria en perjuicio de las arcas del Estado, los restantes elementos reunidos no permiten acceder al grado de probabilidad exigido para este tipo de pronunciamientos”. Hasta para él era demasiado.

Por Nina Ibarra.

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