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Los tribunales alineados con Cambiemos retoman las causas contra funcionarios del gobierno anterior. Con el gobierno de Macri complicado por la situación económica y social, en los próximos días se reiniciará la actividad en los juicios por la tragedia de Once, Ciccone y otros casos relacionados con CFK o Julio De Vido. El estado de cada causa.

Tras dos semanas de feria, la maquinaria judicial –en especial la de Comodoro Py– alineada con la Casa Rosada, se pondrá en marcha nuevamente hoy. Con el derrumbe general en las encuestas de la administración Macri, la antinomia con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner es de lo poco que le rinde algún rédito al oficialismo. Eso hace prever que habrá movimientos en la causa por la tragedia de Once, en Ciccone y los expedientes que tienen que ver con CFK o Julio De Vido. Igual, la idea no es gastar todos los cartuchos rápidamente. Se necesitan proyectiles para 2019.

Lo más notorio ocurrido durante la feria judicial fue la lacrimógena entrevista concedida por el fiscal de Cámara Ricardo Sáenz al periodista Luis Novaresio. La frase fue: “Con la designación de Inés Weinberg de Roca (como procuradora general) se pierde una generación de fiscales”. Traducido a idioma de Comodoro Py podría sintetizarse así: “Fuimos nosotros, los actuales fiscales, los que viajamos con excavadoras al sur (Guillermo Marijuan); fue Eduardo Taiano el que se inventó la pericia de Gendarmería en el caso de la muerte de Alberto Nisman; fue Carlos Stornelli el que pidió la prisión de Julio De Vido sin que siquiera haya juicio ni condena ni nada; fueron Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques los que armaron la causa por las rutas en Santa Cruz sobre la base de una no-pericia que desmentía la acusación. Fue Germán Moldes el que respaldó la causa trucha y las detenciones por el Memorándum con Irán. Hicimos todos esos servicios y ahora nos vienen con una foránea, una que nunca se ensució como nosotros, como Weinberg de Roca. ¡Qué manera de mandarnos al muere!”

Weinberg de Roca actualmente integra el Tribunal Superior de la Ciudad de Buenos Aires e irá mañana al Senado a responder preguntas sobre su trayectoria y designación. Entre las impugnaciones están las de Abuelas, las del CELS y la de Rodolfo Tailhade por su falta de compromiso con los derechos humanos y por recibir dinero, sin declarar, de un tribunal internacional. Están los votos a favor del bloque de Cambiemos y habrá que ver qué sucede con el bloque del Peronismo Federal.

El llamado juicio Once II se retoma el martes. El principal acusado es Julio De Vido, a quien se responsabiliza tanto de las muertes como de administración fraudulenta. Mañana será el turno de la querella de familiares de las víctimas que encabeza el abogado Javier Del Moral, la querella que más en foco pone al motorman, Marco Antonio Córdoba, como principal responsable del choque. Según aparece claramente en la causa, el tren anduvo en algo así como punto muerto en todo el tramo final, sin que Córdoba accionara el acelerador o el freno. Además, está claro que entró a Once a velocidad excesiva. No se sabe si Córdoba tuvo un inconveniente o se quedó dormido. Aún así, es casi seguro que Del Moral pedirá condena contra el ex ministro.

El juicio trajo novedades, en especial el rotundo cambio de opinión del perito Juan Alfredo Brito, el que originalmente afirmó que existía la posibilidad de que los frenos del tren hubieran fallado. Fue el único de siete peritos que realizó tal afirmación. Esta vez, en el juicio, se dio vuelta completamente y admitió que sus cálculos contenían errores.

El tema central del juicio es el grado de responsabilidad que puede tener un ministro o un funcionario de alto rango en el estado de una formación o en la habilitación para que circule. De todas maneras, como todas las causas salidas de Comodoro Py, el sesgo es fuertemente político. Y De Vido ya tiene un voto en contra cantado, el de Pablo Bertuzzi, el preferido del Poder Ejecutivo para continuar con el dominio de la Cámara Federal.

En agosto continuarán los alegatos de las querellas, en septiembre las defensas y se calcula que el fallo estará a fin de septiembre o principios de octubre.

La audiencia de últimas palabras está citada para el 7 de agosto. Sin embargo, la defensa de Amado Boudou, encabezada por Alejandro Rua y Graciana Peñafort, recusó a Bertuzzi por sus negociaciones con el Poder Ejecutivo para asumir en la Cámara Federal. Bertuzzi no sólo fue propuesto sino que mandó una carta al Consejo de la Magistratura para proponerse para el cargo.

Lo que tienen que decidir los jueces del Tribunal Oral 4 –Néstor Costabel y Gabriela López Iñiguez– es si conceden el recurso y si lo conceden con carácter suspensivo, es decir que nada se mueve hasta que la Cámara de Casación resuelva la recusación. Hay un caso parecido, el del juicio por el Memorándum de Entendimiento, en que la Casa Rosada y la DAIA querían sacar a una jueza, Sabrina Namer, y se concedió el recurso con carácter suspensivo.

En Casación, la decisión estará a cargo de la sala en la que conviven Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Juan Carlos Gemignani. Los tres son celosos guardianes de la palabra de la Casa Rosada en Comodoro Py.

En algunos de los grandes medios le pusieron presión al Tribunal Oral para que no sólo condene a Boudou sino para que ordene su detención. Quienes conocen Comodoro Py sostienen que es poco probable que el tribunal resuelva de esa manera.

Durante esta semana, la defensa de Cristóbal López y Fabián De Sousa presentará ante el Tribunal Oral su ofrecimiento de prueba para el juicio. El abogado Carlos Alberto Beraldi hará centro en que frente a la deuda de Indalo con la AFIP se le concedió a la empresa un plan especial igual al que le dieron a 1800 empresas y un plan general que se otorgó a unos 150 mil contribuyentes. Es decir que no se cometió ningún delito.

López y De Sousa están presos sin juicio ni condena ni existencia de peligro de fuga ni alteración de prueba. Se adujo que intentaron vender la empresa, pero era una venta imposible sin la firma del juez. Todo el episodio derivó en una vergonzosa ofensiva de la Casa Rosada presionando a los jueces que concedieron la libertad en marzo e incluso forzando su desplazamiento. Gustavo Hornos, esta vez acompañado por Eduardo Riggi, ordenó en 24 horas que vuelvan a prisión. Esto último ocurrió en abril. Desde entonces están otra vez presos sin juicio y sin condena.

En los próximos tiempos, el Tribunal Oral 2 debe decidir sobre las pruebas que pidieron las partes en la causa sobre las obras viales en Santa Cruz, en que están imputados Lázaro Báez, Cristina Fernández de Kirchner, Julio De Vido y funcionarios de Vialidad Nacional del anterior gobierno.

Aunque resulte insólito, hasta el momento no se hizo ninguna pericia sobre las obras viales de Santa Cruz y todo se basó en una acusación de los fiscales Pollicita y Mahiques y, especialmente, en un estudio ordenado por Vialidad, en ese momento a cargo de Javier Iguacel. Fue en base a aquella falsa acusación que Iguacel llegó a ministro.

Lo asombroso es que el estudio mandado a hacer por Iguacel concluyó todo lo contrario de lo que dice la acusación: no hubo obras cobradas y no hechas; el margen de diferencia entre los certificados pagados y las obras efectuadas fue de sólo el 0,1 por ciento; no hay especificación alguna de sobreprecios, las obras se adjudicaron por licitaciones y las demoras en algunas obras fueron producto más bien de problemas nacionales o provinciales que a incumplimientos de las empresas.

En esta causa, además de Báez, está insólitamente preso Carlos Kirchner, primo de Néstor, quien no tenía ninguna relación con las obras viales ni firmó ningún contrato ni tenía funciones de ningún tipo vinculadas a la construcción de rutas. El dúo Pollicita-Mahiques logró que el juez Julián Ercolini lo incluyera en la causa por portación de apellido.

El juicio por los 9 millones de dólares que José López arrojó en el convento se reinicia el martes 7 de agosto. Hubo una demora porque se cuestionó que la Unidad de Información Financiera, que no hizo nada durante la instrucción, actuara como querellante, en especial teniendo en cuenta que la imputación no es por lavado de dinero. Pese a ello, el tribunal finalmente convalidó a la UIF.

En el reinicio, los jueces Adrián Grunberg, José Michilini y Ricardo Basilico tomarán declaraciones indagatorias. El rumor extendido es que José López va a hablar. Sería la primera vez desde aquella noche en que arrojó los bolsos. Nunca explicó de dónde sacó los millones de dólares.

Después del bochorno protagonizado por jueces y fiscales en la causa por el Gas Natural Liviano se decretó la falta de mérito en ese expediente para De Vido y otros ex funcionarios. Es decir que no hay pruebas ni para acusar ni para sobreseer.

Lo grave fue que la Justicia convalidó la pericia falsa del supuesto especialista David Cohen, que se copió de estudiantes chilenos y se despachó con números y conceptos desopilantes, refutados por los demás peritos. Hasta el ex ministro Juan José Aranguren dijo que se trató de una acusación armada y que no podía haber sobreprecios en licitaciones en las que participaron las grandes empresas del mundo, entre ellas British Petroleum, Repsol, Gas Natural Fenosa, Morgan & Stanley y Shell, la de Aranguren.

Es decir que hoy De Vido está preso únicamente por el expediente relacionado con Río Turbio, en el que se argumentó que desapareció documentación. Esos papeles fueron exhibidos por Mariana Zuvic en un programa de televisión, lo que demuestra que fue el oficialismo el que sustrajo la documentación, ya durante el actual mandato en el que quedaron a cargo de la mina de carbón.

El viernes anterior a la feria, Casación rechazó un pedido de excarcelación de De Vido simplemente declarando inadmisible el recurso. Los abogados Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro pidieron una aclaratoria de ese rechazo y además presentaron un recurso para que resuelva la Corte Suprema.

La causa de Río Turbio es un armado asombroso en que se cuestionan los acuerdos de la mina de Río Turbio con la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) para hacer trabajos técnicos, de evaluación ambiental, de contratación de personal y labores parecidas. Son los trabajos que las administraciones neoliberales suelen adjudicar, disponiendo sumas siderales, a consultoras privadas.

El fiscal Stornelli puso el acento en que un porcentaje de todo lo acordado con la universidad iba para la Fundación de la UTN y entonces cuestionó la utilización que la fundación hizo del dinero. La realidad es que se destinó a becas, capacitación, laboratorios e inversiones propias de la universidad. Ahora en el expediente se aceptó la pericia solicitada por las defensas para que se haga, de una vez por todas, un análisis sobre los fondos y los avances de todo lo que hizo, incluyendo el tren turístico Río Turbio-Río Gallegos que, además, se extendió hasta una estancia. El plan apuntaba a que hubiera un tren turístico bioceánico, tarde o temprano.

Más allá de la investigación, también De Vido está preso sin juicio, sin condena, sin peligro de fuga y con el armado grotesco de una ocultación de documentación en la que está involucrado el actual oficialismo, no el ex ministro.

En Comodoro Py el rumor extendido es que algunas de las causas, en especial la de las obras viales de Santa Cruz, se alargarán todo lo posible para que el juicio se haga el año próximo. La intención es tener la foto de CFK y De Vido sentados en el banquillo de los acusados, como imagen para que Cambiemos tenga a disposición de cara al intento de reelección.

Nadie sabe si la Casa Rosada lo podrá lograr. Parece cantado que necesitan esa especie de ayuda para contrarrestar tanto tarifazo, tanta caída del salario real, de las jubilaciones y el crecimiento del desempleo y la pobreza.

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