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En la Justicia niegan que los funcionarios de Cambiemos hayan aportado documentación sobre el financiamiento de la campaña. “Llevamos todos los papeles a la Justicia”, declararon María Eugenia Vidal y Esteban Bullrich. Pero en los juzgados donde tramita la causa lo desmienten. Carrió dijo que en la campaña en Capital se logró transparencia, aunque en otros lugares no.

El senador por Cambiemos, Esteban Bullrich, repitió el mismo libreto que usó la semana pasada la gobernadora María Eugenia Vidal cuando le preguntaron por los aportantes truchos a la campaña electoral de 2017: “nos presentamos a la justicia, mostramos todos los papeles, queremos que se investigue”. Si es que realmente presentaron alguna documentación con vocación de transparencia y de ser investigados, no lo hicieron al menos en el contexto de las denuncias judiciales que hay en marcha. No llevaron nada a la fiscalía electoral de Jorge Di Lello, que abrió una investigación preliminar sobre violaciones a la ley de financiamiento de los partidos políticos u otros delitos, tampoco al juzgado de Sebastián Casanello que investiga posible lavado de dinero, ni en al juzgado federal de La Plata a cargo de Ernesto Kreplak, donde hay una denuncia que apunta directamente a Vidal como titular del PRO. Tampoco recibieron nada en despachos judiciales platenses con competencia electoral. Hasta ahora, al parecer, son solo palabras. Ni Vidal Ni Bullrich asumen responsabilidad. La que mandó su mensaje personal, como ya es costumbre, fue Elisa Carrió: “En Capital hubo transparencia, en otros lugares no”, dijo.

Ya van 1067 en lo que respecta a la campaña legislativa del año pasado, que tuvo entre sus candidatos a Bullrich como senador y a Graciela Ocaña como diputada. Muchos de estos aportantes a quienes les han utilizado la identidad para justificar dinero recibido por Cambiemos, son personas pobres, que perciben planes sociales del Ministerio de Desarrollo Social, y también monotributistas sociales. Figuran poniendo hasta alrededor de 2500 pesos. Algunos incluso se encontraron afiliados al PRO sin su consentimiento, ni haber firmado una ficha ni ningún trámite similar. Luego hay otro capítulo que corresponde a la campaña presidencial de 2015, donde surgieron numerosos candidatos a concejales, consejeros escolares y hasta intendentes, que aparecen como aportantes de montos elevados, entre 13.000 y 50.000 pesos. Hasta el intendente de Mar del Plata, el oficialista Carlos Arroyo, dijo ayer que figura con el monto más alto y no aportó nada.

En la investigación preliminar que está haciendo Di Lello, fiscal federal con competencia electoral, se juntaron evidencias de que se habrían cometido violaciones a la ley de financiamiento de partidos y posiblemente delitos, como la usurpación de identidad y falsificación de documentos. Además de comprobar que la primera  muestra de aportantes son personas en situación de vulnerabilidad y que desconocen haber aportado, también corroboró que de 100, 99 habían sido afiliados al PRO probablemente sin saberlo. Di Lello ya envió un adelanto de material a la fiscalía electoral de La Plata, donde enviará todo con formato de denuncia, para que allí continúe la investigación. Pero ni en la fiscalía de Di Lello, ni en La Plata recibieron ninguna presentación de Cambiemos de la provincia de Buenos Aires. El juez Casanello, que investiga posible lavado en base a una denuncia de La Alameda, y la imputación que hizo el fiscal Carlos Stornelli a los responsables financieros de la campaña, citó a declarar como testigos a 50 supuestos aportantes. Pero tampoco recibió presentación alguna del partido gobernante. Lo mismo en el juzgado platense de Kreplak, donde la investigación recién empieza, con una denuncia contra Vidal, su jefe de gabinete, Federico Salvai, los intendentes Néstor Grindetti (Lanús) y Jorge Macri (Vicente López) y María Fernanda Inza.

La situación de Inza, hoy secretaria legal y técnica de la gobernación bonaerense, es todo un síntoma del juego de Vidal en esta historia. Está denunciada ante el juzgado de Kreplak -por la senadora María Teresa García (FpV)- como tesorera del PRO, pero la semana pasada su pliego fue aprobado por el Senado local  y fue nombrada contadora general de la provincia. Su tía abuela, Armanda Inza, de 84 años, estaba inscripta como una de las responsables económicas de la campaña de Cambiemos en 2015. El periodista Amorín sostuvo que Fernanda Inza es “creadora de las afiliaciones y aportes falsos de 850 personas pobres en 2017”, además de nombrar a su tía en la campaña.  Su ascenso no parece el gesto de quien se propone una autocrítica y revisión en la materia.

Si Cambiemos hizo una presentación en otro lado, intentado quizá elegir que investigue otro juzgado, está por verse. Mientras tanto, el primer reto desde adentro lo propinó, como es frecuente, Elisa Carrió, que dijo querer “transparencia”, algo que considera que se logró en la Ciudad de Buenos Aires, “pero en otros lugares no”.

 

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